La Fiscalía del Tribunal Supremo de España remitió dos comisiones rogatorias a México DC y Londres en el marco de su investigación acerca de las cuentas del rey emérito, Juan Carlos I, de acuerdo con El Periódico.
Según adelantó este lunes el diario español, la Fiscalía trabaja en paralelo a la Agencia Tributaria de España para comprobar la declaración de más 678.000 euros que presentó el monarca recientemente para regular su situación fiscal.
El objetivo de las dos peticiones internacionales es contrastar la cantidad regularizada por Juan Carlos I con el supuesto dinero opaco que la Fiscalía y Hacienda investigan. El Ministerio Público anunció el pasado 11 de diciembre que seguiría adelante con la investigación sobre el patrimonio del rey emérito, pese a la declaración voluntaria que efectuó el monarca a principios de diciembre.
Con el pago de su deuda tributaria, el monarca consiguió regularizar unos fondos que presuntamente había recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018.
Según El Periódico, las peticiones a México y Reino Unido solicitan información sobre los movimientos de cuentas realizados por el millonario y amigo del rey emérito, que tiene allí establecidas sus operaciones financieras.
Si la cantidad de dinero regularizado no se ajusta al importe que investigan la Fiscalía y Hacienda, los organismos seguirán investigando y solicitarán al monarca documentación adicional con respecto a su patrimonio.
Esta comprobación servirá además para decidir si Juan Carlos puede evitar ser imputado por un delito fiscal gracias a su abono a Hacienda, tal como pretendía con esta acción.
La Fiscalía Anticorrupción española indaga desde 2019 sobre el origen de estas cantidades no declaradas, que se gastaron a través de varias tarjetas de crédito empleadas por miembros de la familia real.
Según la información revelada por varios medios, ni el actual rey, Felipe VI, ni la reina Letizia, la Princesa de Asturias o la Infanta Sofía fueron beneficiados por el uso de las tarjetas. Juan Carlos I no puede ser investigado por cualquier hecho anterior a 2014, cuando todavía era rey e inviolable de acuerdo con la Constitución, pero la Justicia lo puede imputar por presuntos delitos cometidos tras su abdicación.
Fuente Sputnik
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