A poco más de un mes del inicio de las masivas movilizaciones en Colombia, 68 personas han perdido la vida, de ellos, 34 sucedieron durante las protestas sociales, así lo confirma la organización Human Rights Watch (HRW), luego de recabar más de 150 testimonios.
A pesar de este escenario, se mantiene la criminalización de las protestas por parte del gobierno de Iván Duque. Razón por la cual, los organismos de Derechos Humanos solicitan al mandatario colombiano realice una reforma policial, que corrija las causas estructurales que derivan en la represión practicada por los uniformados.
Aunque, el gobierno neogranadino minimiza los abusos policiales y ofrece promesas de justicia para estos casos.
En su informe más reciente, HRW pudo documentar que al menos 20 muertes fueron responsabilidad de la Policía, mientras que cinco manifestantes habrían sido asesinados por “personas armadas vestidas de civil”. Lo que ha disparado las alarmas en el país sudamericano sobre la posible presencia de grupos paramilitares avalados presuntamente por las autoridades.
¿Represión justificada?
Las Autoridades colombianas utilizan los incidentes aislados de vandalismo ocurridos en las protestas, para justificar los excesos policiales.
Sin embargo, muchos de los manifestantes subieron videos en las redes sociales que dan cuenta de la fuerza desmedida ejercida por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Hechos que posteriormente fueron documentados por las organizaciones de Derechos Humanos, las cuales ratifican que actuaron de manera arbitraria y con fuerza excesiva.
En 16 casos de las 20 muertes atribuidas a la fuerza pública se utilizó “municiones letales”, recoge el informe de Human Rights Watch. Y agrega, que al menos 15 de las víctimas presentaban heridas de bala en órganos vitales, lo que a juicio de las autoridades judiciales entrevistadas por la Organización, probaría que las lesiones fueron “causadas con la Intención de matar”.
Aunque los organismos policiales niegan la utilización de armas letales durante las manifestaciones, HRW confirmó por medio de material audiovisual, que los uniformados usaron armas de fuego cuando «no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona». Lo que constituye una violación tanto el Derecho Internacional como la propia legislación colombiana.
Igualmente señala, el informe que los policías no solo utilizaron las armas de fuego, sino que además dispararon gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, lo que ocasionó siete heridos y tres fallecidos.
Adicionalmente, la organización tuvo conocimiento sobre la utilización de un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.
Asimismo, la Policía golpeó brutalmente a 17 personas luego de ser detenidas; una de ellas, falleció a causa de las lesiones. Mientras que la Defensoría del Pueblo recibió quejas de mujeres por dos casos de violación, 14 de agresiones sexuales y otros 71 incidentes de violencia de género por parte de los oficiales.
Ante todo esto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, concluyó que «Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas».
Investigación de abusos
Tras la negativa del presidente Duque, finalmente, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribó a Colombia esta semana con el fin de recabar testimonios sobre los abusos cometidos durante las protestas antigubernamentales. Para ello, escuchará a las víctimas y a sus familiares.
La visita del organismo coincide con la suspensión del diálogo con el Comité Nacional del Paro, después de que el Gobierno de Duque incumplió un preacuerdo que fijaba garantías mínimas para garantizar la protesta, según denunciaron los sindicatos y organizaciones sociales.
Reforma policial ¿Verdad o Pote de Humo?
Ante la ola de cuestionamientos a la Fuerza Pública, Duque anunció que el próximo 20 de julio presentará al Congreso el “Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial”.
Propuesta que plantea la creación de una Dirección de Derechos Humanos y un nuevo “Estatuto Disciplinario” para la fuerza pública. Así como también, un sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias contra autoridades.
Igualmente, modificaciones en cuanto al “uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales”, según comunicó la oficina de la Presidencia.
No obstante, el anuncio fue recibido con escepticismo por parte de las organizaciones de derechos humanos. Para Human Rights Watch, si se implementa correctamente la reforma al sistema disciplinario podría ser beneficiosa para prevenir y sancionar abusos policiales. Sin embargo, considera que las otras medidas «parecen ser más bien de carácter cosmético».
«El sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020», apuntó Human Rights Watch.
La dependencia comunicó el 10 de mayo que inició 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las movilizaciones de 2020. «Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares», denunció HRW.
Mientras que en las protestas recientes, solo cinco integrantes de la fuerza pública fueron suspendidos temporalmente 117 agentes, a quienes se le inició investigaciones disciplinarias por posibles conductas indebidas contra.
En este contexto, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno de Duque «para proteger los derechos humanos» e iniciar una «reforma policial profunda» que garantice el derecho a la reunión pacífica, y que en caso de registrarse abusos, los responsables «sean llevados ante la justicia».
Además, pidió a Duque realice una «revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la Policía».
Para la organización, es necesario que Duque ofrezca una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por los abusos policiales cometidos durante las protestas, a la vez que da garantías de reparación a las víctimas.
Fuente: Con información de José Beltrán Contreras, RT.
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